DELITO DE OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO

El Código Penal contempla en el Título IX del Libro II, integrado por los artículos 195 Y 196, los delitos de omisión del deber de socorro. El 195, reproduce en sus dos primeros apartados, el contenido de los párrafos 1.º y 2.º del anterior art. 489 ter. En ellos se contempla la tipicidad base de estos delitos de omisión pura o simple, incriminando la conducta del «que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros», así como la del que «impedido de prestar socorro, no demandare con urgencia auxilio ajeno».

La omisión del deber de socorro consiste en omitir el socorro a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando se puede hacer sin riesgo propio ni de tercero. El reproche se eleva a la categoría de delito cuando se falta a los deberes de solidaridad frente a una situación determinada, concreta y restringida, ante un peligro inminente y grave para una persona desamparada.

Tradicionalmente la jurisprudencia (27 de noviembre de 1982, 9 de mayo de 1983, 18 de enero de 1984, 4 de febrero y 13 de marzo de 1987, 16 de mayo y 5 de diciembre de 1989, 25 de enero, 30 de abril y 16 de mayo de 1991, 3 de mayo de 1997 y 11 de noviembre de 2004 ) puso de manifiesto que aunque el bien jurídico amparado de forma inmediata por la norma penal fuese la solidaridad humana o los deberes cívicos más elementales, de forma mediata los bienes que se protegen no son otros que la vida o la integridad física, posición que aún hoy se mantiene en sentencias como la del TS de 28 de enero de 2008, al indicar que los delitos de omisión del deber de socorro sancionan genéricamente una conducta insolidaria que se concreta en supuestos de peligro manifiesto y grave para la vida o la integridad física.

Sus elementos han sido definidos por la jurisprudencia como:

1º) Una conducta omisiva sobre el deber de socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, es decir, cuando necesite protección de forma patente y conocida y que no existan riesgos propios o de un tercero, como pueda ser la posibilidad de sufrir lesión o perjuicio desproporcionado en relación con la ayuda que necesita.
2º) Una repulsa por el ente social de la conducta omisiva del agente.
3º) Una culpabilidad constituida no solamente por la conciencia del desamparo de la víctima y la necesidad de auxilio, sino además por la posibilidad del deber de actuar”.

El enjuiciamiento de los hechos susceptibles de ser sancionados por las figuras delictivas comprendidas en estos dos preceptos es competencia del Tribunal del Jurado, de conformidad con el número 2 del art. 1 de la LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado

Los tipos penales contenidos en este Título del C.P son:

1.- Omisión del socorro personal
2.- Omisión de petición de socorro
3.- Omisión del deber de socorro a la víctima del accidente
4.- Omisión de asistencia sanitaria.

Pasemos a analizarlos de forma individualizada:

1. OMISIÓN DEL SOCORRO PERSONAL

Se castiga al “ que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.”

El sujeto pasivo es precisamente, la “persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave”, y se entiende por tal a aquella que no puede prestarse ayuda a sí misma.

La conducta consiste en no socorrer, se trata por tanto, de un delito de omisión pura, al no ser necesario que se produzca el resultado.

Si el resultado se produjera, el sujeto activo no respondería por el mismo, al no imponerle el Ordenamiento ningún deber de evitarlo. El deber se limita a prestar socorro y se fundamenta en el mero conocimiento de que una persona se halla en la situación descrita por el tipo.

Es necesario para apreciar la comisión del delito que el sujeto esté capacitado para prestar auxilio y que pueda prestarlo, no incurriendo en la comisión del mismo en caso contrario. Se tipifica expresamente una causa de no exigibilidad de otra conducta, ya que el sujeto sólo deberá prestar socorro “cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros”. Sin embargo, ha de tratarse de un verdadero riesgo, de un peligro personal para el sujeto activo.

2.- OMISIÓN DE PETICIÓN DE SOCORRO

Se castiga asimismo, al que “En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.” (artículo 195.2). Es un delito subsidiario al previsto en el apartado primero, es necesario para no incurrir en el mismo, tanto la imposibilidad de socorrer personalmente, como la posibilidad de pedir ayuda de otro con urgencia.

3.- OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO A LA VÍCTIMA DEL ACCIDENTE

Se agrava la pena “Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia” (articulo 195.3 C.P.)

Está estructurado formalmente como una agravación del tipo básico pero es un subtipo con características propias. El sujeto pasivo es la víctima del accidente ocasionado por el que omite el auxilio y respecto del cual el deber de solidaridad es mucho más fuerte, ya que la situación de peligro creada por el omitente le coloca en una posición de garante, aunque algunos autores nieguen la existencia de tal posición.

Hay que entender por accidente tanto el ocasionado de forma fortuita como de forma imprudente . No existe este delito cuando la situación de peligro ha sido creada por el sujeto activo (como en el homicidio o lesiones dolosas, por ej.) ya que en estas situaciones la omisión del deber de socorro es un acto posterior impune.

Al introducir este artículo en el CP comenzaron a darse problemas de interpretación sobre si era de aplicación el mismo en el supuesto de que el causante del accidente omitiera prestar a la víctima por él causada el auxilio necesario, cuando tal auxilio hubiera sido prestado por otras personas presentes en el lugar. Aunque se dictaron algunas sentencias en ese sentido , posteriormente e cambió la línea jurisprudencial, y de esta forma, el Tribunal Supremo ha declarado que quien ocasiona un accidente tiene el deber personalísimo de atender la víctima que quede lesionada como consecuencia del mismo, deber que no puede excusarse por el hecho de que haya otras personas allí respecto de las cuales también pea el mismo deber de prestar socorro si pueden hacerlo sin riesgo propio ni de tercero, precisamente porque la intensidad de tales deberes no es la misma, siendo mayor la del que produjo el atropello por su injerencia en el suceso y porque, en todo caso, la inexistencia de unos no excusa la de los otros, pues si no fuera así llegaríamos al absurdo de que cuanta más gente hubiera en el lugar del accidente más razones existirían para que ninguno tuviera el deber de atender.

No puede acogerse la tesis de la falta de desamparo de la víctima porque otras personas llegaran inmediatamente al lugar, dada la especial vinculación de solidaridad que surge para quien ocasiona el accidente de tráfico, no pudiendo eludirla porque de mantenerse este criterio, siempre que hubiera un conjunto de personas nadie estaría en la obligación de ayudar al accidentado, pues cualquiera podría alegar que había otros que podían prestar igual ayuda. Así se pronuncia expresamente la sentencia del Tribunal Supremo de 25 Oct. 1993 y la de 29 Sep. 1993 que define el deber de prestar auxilio por el que ocasiona el daño como «de especial intensidad, personalísimo, primario y principal.

STS de 19-1-2000 dice “El delito de omisión del deber de socorro requiere para su existencia:

“una conducta omisiva sobre el deber de socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, es decir, cuando necesite protección de forma patente y conocida y que no existan riesgos propios o de un tercero, como pueda ser la posibilidad de sufrir lesión o perjuicio desproporcionado en relación con la ayuda que necesita;

una repulsa por el ente social de la conducta omisiva del agente; y

una culpabilidad constituida no solamente por la conciencia del desamparo de la víctima y la necesidad de auxilio, sino además por la posibilidad del deber de actuar (SS.TS. 23 de febrero de 1981; 27 de noviembre de 1982; 9 de mayo de 1983; 18 de enero de 1984; 4 de febrero y 13 de marzo de 1987; 16 de mayo, 5 de diciembre de 1989; 25 de enero, 30 de abril y 18 de mayo de 1991 y 13 de mayo de 1.997). La existencia de dolo se ha de dar como acreditado en la medida en que el sujeto tenga conciencia del desamparo y del peligro de la víctima, bien a través del dolo directo, certeza de la necesidad de ayuda, o del eventual, en función de la probabilidad de la presencia de dicha situación, pese a lo cual se adopta una actitud pasiva (S. 7 de marzo de 1991).”

Ese deber de socorrer es especialmente exigible respecto de aquel que ocasiona el accidente que produce una víctima. Sólo se excusa ese deber penalmente sancionado si se cerciora el causante de que únicamente se han causado lesiones leves (entonces no hay peligro grave) o, por el contrario, de que ya se ha producido la muerte (entonces no hay persona desamparada), pudiendo aplicarse al caso la figura del delito imposible, por ausencia de sujeto pasivo cuando se produce la muerte instantánea y el que ocasiona el accidente, sin conocer tal circunstancia, creyendo que sólo se trata de un herido, abandona el lugar, y también cuando se comprueba que hay otras personas que efectivamente están ya prestando la asistencia en la misma medida, al menos, que pudiera hacerlo el que ocasionó el hecho.

Jurisprudencia: STS de 28 de enero de 2008; SAP de Zaragoza de 19 de marzo de 2009.

Es paradigmática la STS de 16 de mayo de 2002, ante un accidente como el que causó el acusado, que la exigencia social de solidaridad está reforzada con sanción penal en caso de omitirse la prestación de ayuda que se impone a cualquier persona que, independientemente de sus conocimientos profesionales pueda aportar auxilio a quien se encuentre en grave peligro, a no ser que esa asistencia determine un riesgo para quien pueda prestarlo o para terceras personas. El texto del art. 195 del Código Penal sanciona la omisión de auxilio para cualquier persona y no solamente para quien, por sus conocimientos técnicos, pudiera ser de mayor utilidad para quien esté en peligro. (en la misma línea SSTS 18/10/1989, 25/1 y 26/9/1990 y 25/10/1993)

Concurso real entre la omisión del deber de socorro y el delito de circulación:

Aunque existen diversas teorías doctrinales y jurisprudenciales, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1990, paradigmática al respecto explica que : “ la hipótesis más corriente en accidentes de circulación es que si a la causación culposa del accidente ha sucedido la omisión del deber de socorro se origina un concurso real de delitos entre la imprudencia causante del accidente y de sus resultados antijurídicos y el posterior delito de pura omisión, para el que el resultado material es absolutamente irrelevante a los efectos de penalidad, explicándose exclusivamente la agravación por el específico deber de aseguramiento generado por la previa actuación imprudente”. También a favor del concurso real se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1988.

4.- OMISIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA

Se sanciona “al profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o del abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas” (artículo 196 CP).

Pueden surgir problemas con la delimitación del sujeto activo, puesto que sólo pueden serlo “los profesionales de la sanidad.

Si como consecuencia de la negativa a prestar la asistencia sanitaria falleciera el necesitado de la misma, el médico o profesional de la sanidad respondería por un homicidio en comisión por omisión, ya que su posición de garante le obligaba a intervenir.

VERÓNICA CALVO UZCUDUN

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