INDULTANDO QUE ES GERUNDIO

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Será una medida de gracia, pero ha dejado de hacer gracia a los españoles.. y eso porque se ha hecho mal uso y abuso, de una figura anacrónica que tal como está configurada, rompe con el principio de igualdad ante la ley y supone una injerencia del poder ejecutivo en el judicial.
Desde 1996 se han concedido 10.350 indultos, algunos de ellos muy polémicos. Una medida que ya sólo destila probidad cuando en casos excepcionales, la estricta aplicación judicial de las leyes penales produce resultados injustos que podrían ser corregidos mediante esta medida.

La Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto es de 18 de junio de 1870 y por tanto preconstitucional, pero ¿es inconstitucional?.. pues tal como está configurada debería de serlo, porque como dice el Tribunal Supremo, es una herencia del absolutismo y de difícil encaje en cuanto a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley porque se otorga sin tener que dar explicaciones. Puede ser impugnado ante el Tribunal Supremo por no haberse adecuado a los aspectos reglados para su concesión (una cuestión cuasi formal ) y este anularlo..y el Gobierno volver a indultar.

Lo que llama poderosamente la atención es que esta la ley preconstitucional, en su publicación de 1870 exigía “«Decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros» a efectos de concesión de indulto y que por ley 1/1988, con nuestra joven democracia en la edad del pavo (pero democracia al fin y al cabo) se modifica la ley del indulto y en el artículo tercero, apartado tercero se introduce lo siguiente “ En el artículo 30, la palabra «Gaceta» queda sustituida por «Boletín Oficial del Estado», y las palabras «Decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros», por «Real Decreto». Y en plena democracia, se quitaron de encima la obligación de motivar una resolución que dejaba sin efecto en cuanto a las condenas, las sentencias (si motivadas) de jueces y magistrados, convirtiéndose la antigua injerencia del poder ejecutivo en el judicial en un absoluto obstáculo, porque ahora intromisión se convertía en arbitraria.

El indulto, si se utilizara correctamente, por medio una resolución motivada que permitiera conocer los criterios que se han utilizado para su concesión, puede ser útil, como hemos dicho, para salvar las situaciones en las que hacer que el condenado cumpla la condena tal como está establecida (total o parcial) es más injusto, por las circunstancias concurrentes, que el perdón de la misma. Pero no se utiliza correctamente.

Uno de los indultos que más ampollas levantó por su absoluto descaro y porque suponía una tomadura de pelo para el sistema, fue el de los cinco mossos d’esquadra que en el año 2009 fueron condenados por el Supremo a penas de prisión e inhabilitación por delitos de tortura, maltrato, lesiones y detención ilegal contra un ciudadano rumano detenido por error al que llegaron a meterle el arma en la boca para hacerle confesar.

Aunque la Audiencia de Barcelona condenó a los mossos d’esquadra a más de seis años de prisión, el Tribunal Supremo rebajó posteriormente esta condena a 4 años y 9 meses para 3 de los 5 Mossos. Para los cuatro mossos d’esquadra que fueron condenados a penas de prisión de más de dos años e inhabilitación profesional, el Consejo de Ministros les conmutó la pena de inhabilitación por una suspensión para empleo o cargo público de dos años y les conmutó las penas privativas de libertad por otra única de dos años de prisión, que coincide con el límite de condena que puede ser suspendida o sustituida a efectos de no entrar en prisión e ignorando los informes en contra a la concesión de la medida de gracia que elevaron tanto los jueces de la Audiencia de Barcelona como la Fiscalía.
La Audiencia de Barcelona, “en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal” (según el art. 80.1 CP “1. Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada” decisión facultativa aunque motivada) , acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras ese primer indulto y decretó el ingreso de los agentes en prisión. Hasta aquí “todo correcto”.

Pero el gobierno les concedió un segundo indulto para librarles de la cárcel, sustituyendo la pena de prisión por una multa. Y aquello levantó hasta a los jueces. Era una tomadura de pelo. Una perversión del sistema. El Consejo de Ministros no les concedio el indulto total y las sustituciones por multa desde el principio porque sabían que era un caso polémico y grave e indultó parte de la pena creyendo que si dejaban la condena en el limite de los dos años, la Audiencia la suspendería. Y cuando la Audiencia no lo hizo, recurrió a un histórico doble indulto. Pisando las resoluciones judiciales de la Audiencia y el Supremo, la igualdad ante la ley, la opinión pública y cualquier cosa que se pusiera delante respondiendo ante los periodistas “que era prerrogativa del Consejo de Ministros” y punto pelota.

Hay otro problema que pervierte la figura. La mayoría de los indultos se conceden a condenados por delitos contra la salud pública (2930 del total de 10350) y a condenados por robo (2028). Se puede pensar a simple vista que son los delitos para los que más indultos se conceden, pero no es cierto, hay trampa. Son los dos delitos más habituales en las listas anuales de condenas y por tanto la relación entre condenados e indultados es baja. Los delitos que más indultos reciben son: prevaricación de funcionarios públicos, delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual, malversación y delitos contra el medio ambiente. Y la gente está cansada de que el poder se perdone a sí mismo en un país cuyos índices de corrupción política comienzan a alarmar. Los sucesivos gobiernos no modifican la ley porque tienen algo en común que no es el partido político: no quieren perder su varita de la impunidad.

VERÓNICA CALVO UZCUDUN LIC. EN DERECHO Y LIC. EN CIMINOLOGIA

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