JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL DELITO DE RESISTENCIA A LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD

Delito de resistencia a los agentes de la autoridad. Elementos. Diferencia con el artículo 468 del Código Penal.

STS de 18 de mayo de 2007

Tercero.–Respecto a la infracción de ley, el Tribunal a quo rebajó la entidad cualitativa del delito por el que se le acusaba (delito de atentado), a la de resistencia a los agentes de la autoridad, que integra el tipo penal descrito en el artículo 556 del Código Penal. No se consideró, pues, por los jueces a quibus, una resistencia «activa» y «grave», o bien un acometimiento, que hubiera dado lugar al tipo objetivo descrito en el artículo 550 del Código Penal, sino una simple resistencia.

En realidad, de alguna manera existió tal acometimiento, al describir la Sala sentenciadora de instancia en el factum un empujón: «… empujando al agente de la autoridad…». Y ya hemos declarado que existe atentado en los supuestos en que existe un acometimiento físico consistente en una acción dirigida frontalmente contra las autoridades o sus agentes. La jurisprudencia ha equiparado el acometimiento mediante actos corporales (puñetazo, patada), con la utilización de medios agresivos materiales (STS de 18 de marzo de 2000).
No es éste el planteamiento, sin embargo, del recurso, en tanto que únicamente ha recurrido el fallo de instancia, la representación procesal de la defensa.

Pero no existe duda que existió el tipo de resistencia, no grave, y tampoco activa, benévolamente calificado, en el caso enjuiciado, pues el acusado se encontraba detenido, y huyó del lugar de su detención, mediante un acto de empujón a uno de los agentes, marchándose hacia su casa. Igualmente hubiera podido ser calificado del quebrantamiento a que alude el artículo 468 del Código Penal, con idéntica penalidad, pero en este caso no se exige acto alguno de oposición de cualquier tipo al agente que custodia al detenido. Al producirse ésta, es correcta la calificación que llevó a cabo el Tribunal de instancia, pues el acusado exteriorizó una resuelta oposición al cumplimiento de lo que en aquel momento demandaban los agentes policiales, al punto que huyó empujando al agente de la autoridad citado.

No se trata aquí, en modo alguno, de una huida inmediata al delito, que debe ser absorbida por éste, de modo que sólo se castigará en casos de resistencia a ser detenido (SSTS de 11 de marzo de 1976, 28 de enero de 1982 y 17 de septiembre de 1988), como ocurre en el caso de autos.

Y respecto al elemento intencional, o tipo subjetivo, puesto que la acción agresiva se ejecuta cuando el sujeto activo ya tiene conocimiento de la cualidad y actividad del sujeto pasivo, y de su condición de detenido y afecto a unas determinadas diligencias, es indiscutible que también se cumple el elemento subjetivo, integrado por el dolo –directo o indirecto– de ofender o desconocer el principio de autoridad, que «va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido» (STS de 7 de mayo de 1988), entendiéndose que quien agrede conociendo la condición del sujeto pasivo «acepta la ofensa de dicho principio como consecuencia necesaria cubierta por dolo directo de segundo grado» (STS de 31 de mayo de 1988, con cita de otras), matizándose que «la presencia de un animus o dolo específico… puede manifestarse deforma directa, supuesto de perseguir el sujeto con su acción la ofensa o menoscabo del principio de autoridad o de la función pública, o merced al dolo de segundo grado, también llamado de consecuencias necesarias, cuando, aun persiguiendo aquél otras finalidades, le consta la condición de autoridad o funcionario del sujeto pasivo y acepta que aquel principio quede vulnerado por causa de su proceder» (STS de 3 de marzo de 1994; lo mismo en SSTS de 27 de abril de 1995 y de 15 de febrero de 2001).

También la Sala Segunda ha declarado que tal ánimo se presume (SSTS de 16 de junio de 1989, 12 de septiembre de 1991 y 19 de noviembre de 1992) y que «el dolo de este delito, en tanto conocimiento de los elementos del tipo objetivo contiene ya todos los elementos que demuestran que el autor quiso obrar contra un agente de la autoridad, pues quien atenta contra quien sabe que se está desempeñando como tal, quiere también hacerlo contra la autoridad que el agente representa» (STS de 9 de junio de 1990), sin que se requiera «una especial decisión del autor de atentar contra la autoridad, diferente a la decisión de realizar la acción» (STS de 22 de febrero de 1991).

No obstante, puede excluirse tal ánimo cuando existan datos objetivos «que acrediten o al menos permitan conjeturar que el agente, al proceder como lo hizo, no tuvo la intención de atentar o desprestigiar el principio de autoridad, sino que actuaba por razones estrictamente personales u otras totalmente ajenas a la función pública o a la condición profesional de la víctima» (STS de 15 de septiembre de 1989), o sea, «que se prueba la existencia de un móvil divergente, que, por su entidad, vendría a anular ya no sólo el dolo, sino el propio injusto de este delito» (STS de 4 de julio de 1991), circunstancias estas últimas que son ajenas al supuesto actual.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

En: Anuario de Derecho Penal Y Ciencias Penales
MARÍA DEL CARMEN FIGUEROA NAVARRO
ABEL TÉLLEZ AGUILERA
(Sentencia de 18 de mayo de 2007)

VERÓNICA CALVO UZCUDUN

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